Canal y democracia

RICARDO Arias Calderón (Panamá America, 9 de abril) nos ha entregado una reflexión profunda sobre el valor que tiene para la democracia el próximo referéndum sobre la ampliación del canal. En síntesis, la propuesta del líder histórico de la democracia cristiana en Panamá consiste en mirar el canal panameño y la democracia panameña como dos proyectos cuya historia está entretejida y cuyo futuro necesita el uno del otro.

El proyecto norteamericano de construir un canal por el istmo centroamericano fue el gatillo que disparó el apoyo de Estados Unidos al movimiento independentista de los istmeños. Hasta ese momento, Estados Unidos, cuya presencia en territorio panameño data desde mediados del siglo XIX, cuando se construyó el ferrocarril transístmico, solo habia intervenido para reprimir los levantamientos panameños en beneficio del gobierno de Bogotá. El proyecto de construir una vía acuática le dio un giro a las relaciones entre los dos países y fue beneficioso para dar inicio a ese gran proyecto postergado del siglo XIX que consistía en una nación panameña libre e independiente.

Menos fácil de ver, y me interesa por tanto resaltar, es cómo la democracia en Panamá ha contribuido a hacer del Canal una historia de éxito. Para eso tendríamos que reconstruir la historia de la lucha por la integridad territorial (o lucha por la soberanía) y la lucha por un Estado de derecho (o lucha contra la dictadura) como elementos indispensables del proyecto democrático que impulsa la sociedad panameña hoy.

En ausencia de la soberanía y el Estado de derecho, el canal fue el núcleo trágico de una terrible espiral de violencia, cuyo primer detonante fue 1964 y cuya onda más destructiva tuvo lugar en 1989. Los sucesos de 1964 fueron a su vez el resultado de una acumulación tras varias décadas de luchas y reivindicaciones parciales de nuestra soberanía, en la que los sectores populares fueron jugando un papel cada vez más protagónico.

El cuarto de siglo que transcurre entre estas dos fechas es una evidencia de que los conflictos sociales nunca se liquidan del todo, sino que se transforman en nuevos y más complejos problemas, pues la firma de los nuevos tratados del Canal, con una fecha cierta de devolución de la obra a manos panameñas no fue suficiente para sellar una paz social duradera, sino que solo puso de relieve la urgencia de avanzar en la construcción de un régimen democrático, en donde las consignas gubernamentales de defensa del poder popular y las denuncias de sus adversarios sobre graves hechos de corrupción y crímenes, pasarán por el tamiz de la libertad de expresión, el pluralismo ideológico, y la pureza electoral.

Hoy debemos ver el proyecto de ampliación del canal no como una obra de gobierno, sometido a los vaivenes y disputas de lo que cambia cada cinco años. La ampliación del canal es una decisión de la ciudadanía panameña, no porque existan hombres de buena voluntad, sino porque la Constitución asi lo exige. No se trata de una ley que una súbita mayoría legislativa ha aprobado. Es una institución permanente en esta República el que las grandes decisiones del canal rebasen la competencia del gobierno y se le entregue a la opinión ciudadana. Es el ejercicio democrático lo que asegurará la viabilidad de la obra y no la fuerza del aparato de gobierno.

El referéndum sobre la ampliación del canal es, pues, un producto de la democracia constitucional panameña, que pese a sus imperfecciones, es mejor tenerla que no tenerla. La Constitución requiere de una sucesión de aprobaciones: primero, la junta directiva de la Autoridad del Canal, luego el Consejo de Gabinete, de allí pasa a la Asamblea Nacional, y, por último, a la ciudadanía. En este proceso, todas las autoridades deberán comportarse en forma transparente y sin mala mañas, porque de lo contrario se pondría en peligro la credibilidad del proyecto ante los ojos del decisor último.

Más allá de la cuestión canalera y todas las preguntas e incertidumbres que sanamente cabe hacer y formular en materia de ingeniería, comercio mundial y finanzas, el referéndum canalero genera una expectativa mayor. Es la esperanza de hacer un debate franco con reglas limpias y en el que debe prevalecer la fuerza del mejor argumento. Es una apuesta por la razón, y por la razonabilidad de una propuesta que sabe que tiene que convencer para salir airosa.

Es la inauguración de la democracia deliberativa panameña y la evidencia perfecta de que las más importantes decisiones políticas de una nación deben estar en manos de la gente, organizada en partidos o no, integrantes de la sociedad civil o no, con dinero o sin dinero, e independientemente de su grado de educación.

Quizás sea legítimo ambicionar que este proceso de discusión que no ha sido iniciado formalmente, pero que ya arrancó en la práctica, se convierta en un modelo de discusión que podamos volver a activar con la frecuencia necesaria que plantean las grandes decisiones.

El compromiso de todo ciudadano en general, y de los medios de comunicación, en particular, debe estar muy claro: nadie tiene la verdad y hay que respetar todas las opiniones. Los razonamientos falaces terminan por desacreditarse a si mismos, solo basta con exponerlos. Es imprescindible el acceso público a la información oficial y todas las posiciones en el debate deben recibir una cobertura ponderada.

Solo así el referéndum canalero se convertirá en el ejercicio democrático que une ambos destinos como lo señaló Arias Calderón.
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El Panamá América, Martes 11 de abril de 2006

El informe maldito

ESTOY a punto de convencerme de que como pueblo, como conciencia colectiva, carecemos de la estructura lógica y conceptual para llevar a cabo un debate nacional sobre los temas que son decisivos para el desarrollo integral de los panameños y las panameñas.

No me he convencido todavía porque prefiero creer que estamos en el tránsito afanoso de la cuesta arriba en la curva del aprendizaje. Como dedico una buena cantidad de horas semanales al trabajo de la educación superior, quiero suponer que las fallas más evidentes de nuestra vida pública serán subsanadas por las siguientes generaciones, que con más estudio y más preparación, más ahínco y más honradez intelectual, afrontarán con éxito los retos de un futuro muy complejo que nos aguarda muy cerca al doblar la esquina.

Pero digo que estoy a punto de convencerme de la incapacidad nacional para razonar y motivar adecuadamente una discusión de consecuencias duraderas en virtud de lo que está comenzando a ocurrir con el referéndum sobre la ampliación del canal. Desde hace algún tiempo la ciudadanía espera, no sin cierta ansiedad, la comunicación oficial de lo que será el proyecto de ampliación de la vía canalera, pero nada ocurre.

La postergación del anuncio oficial no está plenamente justificada a los ojos del ciudadano común, pues la constante referencia de las autoridades al estado inconcluso de los estudios de factibilidad no se ha visto tanto como un argumento técnico sino como un manejo político. Ante la ausencia de información oficial es lógico que pulule la especulación, el dato ambiguo, las cifras inexactas, el hondo desconocimiento y la mala intención.

Cuando el 20 de marzo recibí, sin anuncio previo o colateral, un suplemento titulado "Informe al país sobre nuestro canal y nuestro megapuerto" me sentí gratamente sorprendido. Al fin, pensé, alguien se toma el trabajo de publicar información de carácter ciudadano sobre la anunciada obra. Me percaté de que no había ninguna organización nacional ni internacional que respaldara la publicación sino que era una iniciativa de "cinco panameños", entre los cuales se encontraba un ex presidente de la República y otro que fue el primer administrador panameño del Canal, y de los otros no conocía del todo solo a uno de ellos, pero que compartían una trayectoria de rectitud moral en los diversos avatares por los que les había llevado su hacer político y profesional.

Entendí que el punto central del inesperado informe era estimular la reflexión y la curiosidad sobre los temas verdaderamentes clave en el proyecto de expansión de la vía acuática. Dos semanas más tarde asistí a un foro público en el cual los "cinco panameños" presentaron su inesperado informe haciendo algunas explicaciones adicionales. Ante un auditorio repleto, reiteraron que su motivación consistía en ilustrar a la ciudadanía sobre algunos aspectos relevantes del proyecto que se avecina.

El Dr. Jorge Illueca, quien fue presidente de la República luego de la reforma constitucional de 1983, el más alto entre los muchos méritos que destacan en su hoja de vida, manifestó que su expectativa era que el proyecto aprobado por la ACP ya fuese conocido y que le extrañaba las reiteradas posposiciones que se habían anunciado en los últimos meses. También llamó la atención sobre la falacia que implica anunciar que el proyecto está fundamentado en 55 mil páginas de estudios que están disponibles para el que quiera leerlas, pues si uno se pusiera en efecto a estudiar este material, le tomaría un poco más de 5 meses concluir la ardua lectura.

Fernando Manfredo, subadministrador de la extinta Panama Canal Comission y primer administrador panameño de la vía, se detuvo en lo riesgoso que son los megaproyectos, en general, alrededor del mundo, lo cambiante que son las tendencias del comercio marítimo mundial, lo que lo llevó a expresar su opinión de que una obra de esta magnitud debe ser muy bien estudiada, pues las consecuencias de un fiasco en la inversión podrían ser muy graves para el país.

Enrique Illueca y Julio Manduley, uno abogado, el otro economista, se concentraron en denunciar los mitos que circundan el tema de la ampliación y los ataques deshonestos de los que han sido objeto. Su exposición tuvo una buena mezcla de elementos racionales y emotivos, pues a la consideración de hechos, cifras, y argumentos se sumaron los destellos de una convicción sobre la importancia de la verdad y la extrema importancia de decirla en público.

Para terminar, George Richa, un conocido empresario, hizo énfasis en que la iniciativa del grupo provenía de la necesidad de darle a la cuestión canalera un giro de discusión ciudadana, pues los "excedentes" del canal tienen dueño, que es el pueblo panameño, y que tiene muchas necesidades que satisfacer. No hay dinero que "sobre" en el Estado panameño y la decisión sobre esta inversión tiene que ser discutida ampliamente.

La jornada fue extremada interesante y propiciadora de muchas reflexiones públicas entre los asistentes, pero no hubo cámaras de televisión y no hubo noticias en los periódicos al día siguiente. El cometido de los "cinco panameños", en mi opinión, se cumplió a cabalidad. Sin embargo, a estas alturas, ya se han publicado varios artículos contra el polémico informe. Carlos González de La Lastra (El Panamá América 16 de abril) ya ha hecho una disección minuciosa de los sofismas contenidos en el informe y ha expuesto su refutación.

Pero, ¡un momento! Me pregunto: ¿qué hacemos discutiendo un informe que, independientemente de la viabilidad de sus propuestas, no es el tema que debemos discutir? ¿Hay alguien que cree que si se demuestra que los "cinco panameños" cometieron errores o descuidos en la presentación de su información, eso hace que automáticamente el proyecto, que será sometido al país la próxima semana, sea viable y recomendable?

Sé que hay mucha gente que ya decidió sin conocer el proyecto. Algunos ya decidieron que están en contra, sea lo que sea, y no escucharán nada que les haga cambiar de opinión. Sin embargo, pienso que la mayoría ya decidió favorecer el proyecto de ampliación también sin conocer a fondo la propuesta y sin que haya nada que los pueda hacer cambiar su próximo voto en el referéndum.

Quizás los que esperan, como el que suscribe, que sean los méritos del proyecto y las explicaciones que sobre él se hagan, los que definan la pertinencia o no de su aprobación, sean, comparativamente, los menos.
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El Panamá América, Martes 18 de abril de 2006

Canal y desarrollo

LA AMPLIACIÓN del canal de Panamá es buena para los negocios, sin duda alguna, pues en un tiempo relativamente corto, alrededor de ocho años, cambiarán de mano entre 5 y 8 mil millones de dólares. Será la obra pública más grande que el Estado panameño ha construido en toda su historia y que probablemente construirá en este siglo.

Un análisis que deberá hacerse y que aguarda las intervenciones de los expertos es dónde terminará todo ese dinero. Cuánto recibirán las empresas constructoras, las nacionales y las de afuera, cuánto costarán otros servicios, cuánto se pagará a asalariados, cuánto a los obreros de la construcción y cuánto a otro tipo de trabajadores, con cuánto dinero se quedarán los bancos que complementen el financiamiento de la obra, qué porcentaje representa este flujo de transacciones en el producto interno bruto y cómo evolucionará a lo largo del tiempo que tomará concluir los trabajos, etc., son preguntas que pueden encontrar una respuesta objetiva y que ayudan a darnos una idea del impacto que tendrán los trabajos de ampliación del canal sobre la economía panameña.

Quizás sea este el tipo de preguntas y argumentos "persuasivos que ocuparán buena parte de los debates en torno al próximo referéndum. Sin embargo, tengo la impresión de que dicha discusión se parece mucho a la que se hacía hace unos 30 años y las razones por las que este tipo de discurso vuelve a activarse no son del todo sanas, mas no me ocuparé de ellas. Prefiero detenerme en las interrogantes que debemos hacernos hoy con miras al futuro de la nación.

Hoy ya no se puede hablar del desarrollo sobre la base de las perpectivas de crecimiento de la economía únicamente, pues mientras aquel se refiere a las personas, esta se reduce al volumen de transacciones de capital medidas en dólares. Esto no es una perogrullada, es insistir en que hay que partir del reconocimiento de la tragedia de este país: la economía puede crecer y mantener cierto ritmo de crecimiento, al tiempo que un porcentaje significativo de su gente (ahora mismo es cerca del 40%) es pobre y seguirá siendo pobre.

Se ha dicho tantas veces, pero hay que repetirlo: grave, muy grave es la situación de un país en el que la mayoría de las personas pobres son niños y niñas, y gravísima es la condición de la nación en la que la mayoría de sus niños son pobres. Según las cifras oficiales, cerca del 54% de los niños panameños y las niñas panameñas menores de 5 años vive en condiciones de pobreza.La pregunta es cómo se va a lograr que los beneficios de la ampliación lleguen a este sector de la población. Pienso que la utopía salvadora del trabajo no es una respuesta suficiente.

Que las obras de construcción generarán 5 mil plazas de trabajo, no resuelve nada, pues no se trata de empleos permanentes y las vidas de los seres humanos aspiran a una permanencia mayor que la duración de los trabajos del canal.Pensando en el desarrollo, también es legítimo preguntarse sobre cuáles son los tipos de empleo que se generarán a partir del megaproyecto y cómo contribuirá a mejorar la capacidad de trabajo de la fuerza laboral y la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Una cosa es que se generen tantos miles de empleos y otra que dichos empleos sean para los desempleados y los marginados de hoy. Probablemente, las nuevas plazas serán para los que hoy son trabajadores activos y los desempleados de hoy la seguirán teniendo muy dificil.

Como durante los próximos años, la estructura demográfica de la población panameña seguirá empujando al mercado de trabajo a miles de jóvenes con poca preparación y cero experiencia, sería bueno revelar cuáles son las expectativas legítimas que pueden hacerse los jóvenes que buscarán emplearse por primera vez en los próximos años.

También hay que pensar en poner en pie los controles apropiados para que se respeten las normas internacionales sobre la edad mínima en el inicio de la vida laboral. Ya sabemos que hay empresarios que creen muy apropiado que los niños aprendan "la disciplina" del trabajo desde muy temprano y que hay familias que tienen la necesidad de esos ingresos. ¿Dejarán las autoridades las metas de erradicación del trabajo infantil libradas a la llamada "cultura del panameño"?

Planteo estas interrogantes porque el desarrollo es siempre el desarrollo de la gente, es la ampliación de sus capacidades y oportunidades para mejorar su nivel de vida y en Panamá el crecimiento económico por sí solo no da una orientación precisa sobre cuál es el uso óptimo de nuestra riqueza. Que no haya malos entendidos: compromiso con el aumento en la generación de riquezas, sí, pero que el concepto de "riquezas" incluya a la gente y se mida en términos de sus condiciones de trabajo y calidad de vida.

Uno de los grandes temas de exploración para discernir la viabilidad del proyecto de ampliación es el impacto ambiental. Al funcionar el nuevo canal, con todas sus esclusas y esclusajes, pregunto, ¿quedará agua potable suficiente para todos los habitantes de la cuenca hidrográfica? No pensemos en las ciudades de Panamá y Colón de hoy. Pensemos en el aumento vertiginoso que han conocido los asentamientos humanos al este y oeste de la ciudad de Panamá. Pensemos que el proyecto de ampliación intensificará la tendencia histórica de la migración del campo a la ciudad.

Yo no intentaría hacer propaganda al tratar de responder estas preguntas porque son temas muy delicados y algunos hombres y algunas mujeres de este país podrían sentirse indignados y ofendidos si no se les habla con la verdad. Es mejor dar respuestas sinceras aunque no contengan una orientación específica al momento de votar en el referéndum. Pues es mejor acercarse a las urnas tras un ejercicio racional y no buscando castigar al gobierno como una reacción emocional al sentirse manipulado.
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El Panamá América, Martes 25 de abril de 2006

Anti-manual de sefología

NO SIEMPRE los certámenes electorales se deciden durante el periodo oficial de campaña que precede al día de la votación. La historia muestra un sinfín de casos en los que el lapso de tiempo previo, en el que las distintas posiciones trataron de ganar adeptos, no registró alteraciones sustantivas y los porcentajes iniciales de la preferencia del voto fueron muy similares a los resultados de las urnas. Es decir, la decisión se había tomado antes de la campaña y durante ella no hubo eventos que motivaron un cambio de opinión de los electores.

Esta es la conclusión de un estudio de Paul Lazarsfeld publicado en 1953 en relación con las corrientes de opinión del público estadounidense y las elecciones presidenciales. A pesar de que la investigación se llevó a cabo antes de que la televisión se convirtiese en un medio de comunicación de masas, frecuentemente utilizado con fines políticos, esta tesis ha sido comprobada una y otra vez en las últimas décadas, al punto que podría decirse que lo curioso sería que la mayoría de los electores no tuviera ideas claras sobre su preferencia al abrirse las puertas del torneo electoral, o que esa mayoría sufriera cambios drásticos en las semanas o meses que conducen al día del escrutinio.

En Panamá hemos tenido buenos ejemplos de los dos extremos de esta discusión en las dos últimas elecciones presidenciales. A finales de 1998 y principios de 1999 Martín Torrijos registraba una mayoría amplia a su favor, pero cada encuesta mostraba que la diferencia que lo separaba de su inmediato rival se reducía, prácticamente, con cada día que pasaba. La única encuesta durante todo el periodo que mostró una preferencia de voto favorable a Mireya Moscoso fue la última y se publicó diez días antes de la votación. La diferencia que allí se mostraba era solo de 2 puntos porcentuales, pero el día de las elecciones la brecha se extendió a 6 a favor de la candidata arnulfista.

Exactamente lo contrario ocurrió en el 2004. Desde el 2003, Martín Torrijos siempre estuvo al frente de las encuestas y ganó con un amplio margen respecto del segundo más votado. En pocas palabras, nada de lo que se hizo o dijo en campaña, por ninguno de los candidatos, logró variar las preferencias del electorado. Cabe decir que la decisión ciudadana de elegir a Torrijos se produjo probablemente tras cuatro años de gobierno arnulfista y no al cabo de tres meses de campaña.

El referéndum para decidir la ampliación del canal es también un proceso electoral en el que se debaten distintas opciones. Como se trata de producir una decisión a favor, o en contra, del proyecto de construcción de un tercer juego de exclusas, debe haber una sola pregunta y solo dos opciones. Por lo tanto, durante los meses que vienen presenciaremos una disputa entre dos posiciones, el Sí y el No, a favor de las cuales distintos grupos elaboran una serie de argumentos de sustentación.

Los debates, que son muy necesarios, que son imprescindibles en una democracia, darán la impresión de que hay algo que se está decidiendo en esos momentos. La retórica de las "inquebrantables" evidencias, en que unos y otros se apoyan, nos entrega la ilusión de que la decisión final es un ejercicio de la razón, mientras la propaganda juega a hacernos trampas teniendo al subconsciente como cómplice y al deseo como resorte.

El resultado final siempre será una mezcla de racionalidad e irracionalidad, porque esa es la naturaleza de los seres humanos. No obstante, me parece que la decisión sobre la ampliación del canal se tomó ya por parte de la ciudadanía, y se hizo tras décadas de lucha por la soberanía, que, en el caso panameño, no es más que la conquista del derecho a manejar autónomamente la posición estratégica del istmo.

La preferencia de voto a favor del "Sí" que registran todas las encuestas hasta la fecha tiene el peso de la historia y no es el resultado de las artes dialécticas de los ingenieros de la ACP, ni de los trucos propagandísticos con que se intenta vender el proyecto al electorado.

La interrogante apunta hacia la cuestión de si habrá algún evento que logre trastocar el estado actual de la opinón pública en los próximos meses. Mi humilde pronóstico es que no habrá ninguno, y que una cómoda mayoría de dos tercios de los votantes respaldará la propuesta de ampliación en las urnas.

Sustento esta percepción en los siguientes hechos: el gobierno de Torrijos ha generado un buen nivel de aceptación popular, pese al cumplimiento de una agenda de reformas que no siempre son populares; no se han producido escándalos de mal manejo del pecunio público en este gobierno; y el discurso contestatario vive bajo un techo muy bajo y carece de la amplitud y credibilidad que le permita convertirse en la posición mayoritaria del pueblo. Aunque estos elementos circunstanciales no irán a votación, condicionan el curso del debate y sus resultados.

Si alguien piensa que esto no tiene nada que ver, que se imagine una consulta popular de esta naturaleza, en la que un gobierno es acusado de criminal, despótico, y corrupto, y se enfrenta a todo el espectro político de organizaciones que van desde los partidos hasta la sociedad civil. Llámesele irracionalidad, o como quiera llamársele, pero, si el día de la votación los sentimientos hacia el régimen son muy intensos, estos podrían jugar un papel determinante.

Los antiguos griegos usaban piedritas ("psephos") al momento de votar para decidir sobre sus asuntos públicos. De allí surgió el nombre "sefología", que utilizaron los politólogos británicos desde mediados del siglo pasado para referirse al estudio empírico de las elecciones y las tendencias de opinión que la preceden. No es un arte de adivinación del futuro, sino una técnica para diseñar escenarios probables en el futuro inmediato.
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El Panamá América, Martes 16 de mayo de 2006

Negocios, democracia y cambio social

NADIE logra lo que no se propone. No se puede perder una oportunidad que nunca se tuvo. No lograremos mejorar la calidad de nuestra democracia, si no nos lo proponemos primero. Tampoco podremos decir que perdimos la oportunidad de lograr una sociedad más igualitaria, más equitativa, más solidaria, en fin más humana, si en realidad el intento no pasó de las palabras.

La discusión en torno a la ampliación del canal representa una gran oportunidad para la democracia panameña, pero se equivocan los que quieren hacer del debate un juicio a los ingenieros de la ACP, una disputa de predicciones acerca de las tendencias del comercio marítimo mundial, o la revelación de un futuro escándalo financiero que tiene como autor material al actual gobierno y a la ACP como cómplice primario, o viceversa.

Nadie conoce mejor el reto que significa la construcción del tercer juego de esclusas que el cuerpo de funcionarios de la ACP. Es positivo que la ciudadanía se informe de ciertos datos básicos acerca de la obra, pero no le veo ningún sentido a impugnar, desde las graderías del público, la información técnica ofrecida por los expertos. El día que haya otro informe de otros expertos que diga que la obra no es posible, o que demuestre que costará mucho más de lo que dice la propuesta oficial, comenzaré a preocuparme. Ni la sospecha ni la desconfianza, que esgrimen los detractores del proyecto, son argumentos racionales en este respecto. Más bien son estrategias retóricas que buscan movilizar recursos emocionales y afectivos para inclinar la balanza de opiniones en contra de la aprobación del proyecto.

Otro tanto ocurre con las especulaciones en torno a las tendencias actuales y futuras del movimiento de carga comercial a nivel mundial. Está bien que contemos con una serie de datos básicos sobre las rutas marítimas mundiales como sustento de un escenario que no es más que probable. Sin embargo, el exceso se ha apoderado de la escena: una repentina avalancha de futurólogos adopta el tono grandilocuente de quien predice la verdad que todo el mundo ignora como la cosa más obvia de este mundo.

Así, se escucha, casi todos los días, a quienes pontifican, a favor o en contra de la ampliación, sobre el crecimiento de China, el deshielo del Paso Noroeste, las políticas de peajes del Canal de Suez y un largo etcétera. Tal pareciera que sabemos más sobre los límites de la expansión comercial asiática que los propios chinos, o que tenemos información sobre el deshielo del casquete polar que no tienen los canadienses.

Este vano ejercicio de especulaciones nos puede llenar de una falsa certidumbre, o de una dañina inseguridad. Una discusión racional debe estar dirigida a reconocer riesgos, evaluarlos, y apreciarlos sobre la base de los beneficios que podrían generar. Hay que considerar el riesgo de emprender la obra ahora, el hacerla dentro de unos años, y el no hacerla del todo. No he escuchado ni leído una análisis sesudo que demuestre con certeza que el proyecto de ampliación del Canal de Panamá está condenado al fracaso.

La información confiable, disponible a la fecha, indica que se trata de una inversión de alto retorno y bajo riesgo en lo que se refiere a los factores que están bajo el control de la ACP. El riesgo se incrementa si nos enfocamos en los factores externos a la ejecución de la obra. Se trata de aspectos sobre los cuales es muy poca la certidumbre que Panamá puede tener y prácticamente nula su capacidad de intervenir con eficacia.

Al final del día nos veremos forzados a descubrir que, cuando se trata de oportunidades de negocios, toda inversión es una apuesta; no obstante, la idea de que se puede ganar o se puede perder es demasiado desagradable para darle mucho espacio en la divulgación del proyecto, y por eso al riesgo razonable se le disfraza con una falsa certeza de éxito absoluto. Esta "técnica de venta" del proyecto facilita municiones argumentativas a los que se oponen a la aprobación de la obra.

Mucho de lo que se ha dicho por los partidarios del "NO" no es más que una lucha contra la publicidad contratada por la ACP, pero no necesariamente evidencia razones de peso contra el proyecto. Los razonamientos, a favor o en contra, que se expresan en términos de toneladas métricas y millas náuticas, tienden a ignorar que los principales temores en torno al proyecto de ampliación no tienen nada que ver con la obra en sí, sino con el país que está adosado a su destino.

El gran temor consiste en la probabilidad de que la obra se termine y la riqueza no fluya, que la desigualdad social y la inequidad sigan imperando, que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres, que la delincuencia aumente, que nadie pueda ponerle coto a la corrupción pública y privada, que se abusen del poder y la influencia que se ejercen desde los cargos públicos con la impunidad que garantizan la Constitución y las leyes. Que atendiendo al "comportamiento del mercado" haya que subirle los salarios a los ministros y magistrados, pues "la alta gerencia pública necesita los mejores ejecutivos que el país tiene", pero no haya partidas suficientes para subirle unos reales a los que ganan un salario de miseria.

Es decir, más prosperidad (para un sector de la población) sin que haya cambios sustanciales en el contrato social. Espero que la discusión en torno a la ampliación del canal evolucione hacia un debate sobre el tipo de democracia que necesitamos para que los beneficios del canal contribuyan efectivamente al desarrollo de la gente. Dejemos de pedirle el plan de desarrollo nacional a la ACP. Evitemos reducir la cuestión a afirmar que lo correcto es votar sí, o no, el día del referendo. ¿No sería mejor pensar en el día después?
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El Panamá América, Martes 23 de mayo de 2006

El referéndum sobre el Canal


LA EXPOSICIÓN de Motivos que acompaña al Proyecto de Ley No. 224, mediante el cual "se aprueba la construcción del tercer juego de exclusas del Canal de Panamá", ensaya en forma breve un compendio de razones que justifican la ampliación de la vía acuática y luego pasa a explicar someramente el contenido de cada uno de los doce artículos que se presentan para la aprobación del Órgano Legislativo y que desarrollan aspectos prácticos y de procedimiento sobre el referéndum que la Constitución exige para que se pueda proceder a la construcción de la obra.

La Exposición de Motivos no se detiene a considerar la enorme importancia que tiene el referéndum para la democracia y el valor muy especial que tiene este mecanismo para la democracia panameña. Pienso que se ha perdido una oportunidad para poner en perspectiva los procesos políticos que cimentan la transición hacia una institucionalidad democrática.

El referéndum es un método para tomar decisiones que conciernen a los ciudadanos. Es uno de los instrumentos de la democracia directa y como tal forman parte de las formas de participación democrática que fortalecen a los regímenes representativos. Porque hay que entender que las instituciones de democracia semidirecta, que involucran la participación ciudadana, no reemplazan a la democracia representativa, sino que buscan reforzarla. El referéndum es una evidencia de que hay asuntos que están más allá de las pugnas partidarias y de que las decisiones legítimas de los gobernantes legítimos tienen un campo de acción limitado.

La presencia de esta institución en pleno siglo XXI, después de más de 25 siglos de su invención por los griegos, es un hecho contundente de que el más hondo sentido de la política nos lleva a las formas democráticas de organización y toma de decisiones. Hay un variado espectro de instituciones de participación directa del electorado en la toma de decisiones políticas fundamentales que poco a poco ha ido perfilándose en las constituciones latinoamericanas surgidas de los procesos de transición a la democracia, o reformadas en su decurso.

El caso de Panamá es muy especial porque, por un lado, la Constitución de 1972 no consideró originalmente este tipo de instituciones, pero ellas se han ido introduciendo en los distintos procesos de reforma que han tenido lugar en los últimos 25 años. En 1983 y en 2004, se introdujeron mecanismos de cambio constitucional que se apoyaban en la participación del electorado. Sin embargo, una de las instituciones más antiguas del régimen constitucional actual es precisamente el referéndum sobre el Canal.

Tomando en cuenta los orígenes no democráticos de aquella Constitución, hay que reconocer que este fue uno de los pocos aspectos de aquel régimen que trató de mantener el hilo histórico de las luchas democráticas que han caracterizado el perfil propio de la democracia panameña. El texto original de la Constitución de 1972 establecía en la primera de sus disposiciones transitorias (artículo 274) que los tratados que celebre el Ejecutivo sobre el Canal, su seguridad, o "para la construcción de un nuevo canal a nivel del mar, o de un tercer juego de exclusas, se someterán a plebiscito nacional".

De esta manera, un régimen de orígenes no democráticos buscó legitimar su actuación pública y política, es decir, ofreciendo una garantía constitucional de que la decisión última sobre el Canal de Panamá, el principal activo del patrimonio nacional, sería exclusivamente de todos los panameños. Como las Constituciones anteriores no consagraron una disposición similar, pese a que el problema que le planteaba la existencia de la Zona del Canal al Estado panameño siempre fue muy dificil de abordar, se puede afirmar que a partir de la Constitución de 1972 el Canal dejó de ser materia de negociación de los órganos del Estado, de los partidos y de los políticos, y entró en la esfera de decisión de los ciudadanos, sin distingo de clase social, género, o ideología política.

El plebiscito de los Tratados Torrijos- Carter, que fue la primera vez que se aplicó la norma mencionada, se celebró en condiciones marcadamente antidemocráticas y sobre sus resultados cae la sombra de todos los vicios propios de la corrupción electoral que han manchado a la democracia representativa antes y después del golpe de Estado de 1968.

En 1983, con las reformas constitucionales promovidas ese año por la cúpula militar a instancias de los partidos políticos que ya contaban con cierto grado de organización y fuerza, se introdujo una formulación distinta de la corriente y se empezó a hablar de referéndum, el cual se percibía como un mecanismo aprobatorio de un texto normativo, de naturaleza muy similar a como lo habían sido los Tratados Torrijos-Carter u otros que le precedieron.

En 2004, se introdujeron modificaciones constitucionales para reforzar las garantías de que aún en el caso de que no se firmase un tratado internacional con otro Estado, y las obras se hiciesen por parte de la propia Autoridad del Canal vía administración o vía contrato con otras empresas nacionales o internacionales, la decisión última sobre el proyecto de construcción estaría en manos de la ciudadanía panameña.

Esta es la primera vez que el pueblo panameño tomará una decisión sobre el Canal de Panamá en condiciones democráticas, y eso constituye, en el largo plazo, un triunfo inobjetable de las luchas democráticas que se iniciaron en estas tierras incluso antes de la construcción del Canal. Sería provechoso recordarlo con más frecuencia.

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El Panamá América, Jueves 6 de julio de 2006

Canal y plan de desarrollo

AHORA se habla, así de repente, sobre la necesidad de que el país cuente con un plan de desarrollo. No es iniciativa del gobierno, ni de los profesores de economía del desarrollo; son representantes del sector privado y del sector obrero los que agitan en estos momentos la bandera de un plan y en relación con los ingresos que generará el Canal luego de la ampliación.

Al analizar este discurso se aprecia rápidamente que al susodicho plan se le ve como el resultado de "gran un consenso nacional", y que ambos, plan y consenso, sirven como puntos de apoyo en una estrategia de reforzamiento del voto favorable a la ampliación del Canal en el próximo referéndum.Los resortes motivacionales de este súbita perspectiva podrían describirse así: votamos "sí" el día de la consulta popular sobre el proyecto canalero y entonces todos seremos llamados a conversar sobre qué queremos hacer con la enorme cantidad de dinero que generará el negocio mejorado.

Entonces podremos planear entre todos, que es una forma de soñar en conjunto, nuestro futuro común. Si no hay proyecto, solo habrá frustración y amargura para compartir. Nos habremos negado el futuro. (No voy a examinar en este artículo lo que dicha posición implica respecto de los tributos que anualmente pagan los ciudadanos y ciudadanas en este país).

Preguntemos primero qué tanto se puede obtener a través de un plan nacional de desarrollo. Probablemente, lo que se dice que se quiere no es exactamente un plan nacional de desarrollo, en el estilo de los documentos técnicos y sofisticados de los años setenta, que eran parte de una estrategia y no de una táctica. Quizás lo que se quiere sea, más bien, una lista de proyectos de inversión de interés nacional, de manera que el gobierno se dedique a hacer lo acordado y no otra cosa.

El objetivo de acordar un plan (concebido de esta manera) sería doble: mitigar la falta de confianza en el Estado, por un lado, y reducir el rango de opciones que supondría el ejercicio del criterio político del grupo gobernante.Independientemente de si el plan se hace, o si el diálogo se convoca, pienso que ninguno de los dos objetivos señalados se lograrían. Para empezar la falta de confianza es un atributo del poder público en Panamá y no un problema solo en este gobierno.

De lo contrario el remedio sería muy sencillo: votar en contra del candidato oficialista en las elecciones del 2009. Pero la cuestión es más compleja: tras 15 años de democracia, la corrupción y la pobreza siguen erosionando las bases de la legitimidad de las autoridades. Es la conexión entre expectativas ciudadanas y desempeño del Estado, la que se cae con demasiada frecuencia y se expresa como un problema de falta de confianza en la vida pública.

No obstante, la falta de confianza hacia la que va dirigida la cura del plan es la que se refiere a los procesos de toma de decisiones políticas, y por eso lo que se propone es que la lista de los proyectos de inversión de interés nacional sea acordada mediante un "gran dialogo nacional", en el que participarían actores económicos y sociales relevantes, pero no los actores políticos.

No se ha reflexionado lo suficiente acerca de los costos que genera para los interesados este tipo de participación, si han de hacerlo con calidad y efectividad. Cuando no hay la capacidad de costear una participación de buena calidad, la participación se degrada a una mera presencia pasiva en una serie de actos públicos. Irónicamente, la única forma de participación que recibe financiamiento del Estado es la política, a través de los partidos, que es justamente, la que se excluye.

Cabe preguntarse si es una mayoría efectiva de ciudadanos la que puede pagarse la asistencia a diálogos nacionales y de esa manera "participar" organizadamente. Por regla general, esta forma de participación sectorial está motivada por la preservación de los propios intereses en juego. La legitimidad de cada participante en el diálogo, así como la evaluación del conjunto de los participantes, es un tema que no se interroga a fondo y así todo queda librado a la existencia o no de recursos propios, que es lo que decide quiénes participan y quiénes no.

Los así llamados diálogos podrían tener una base inequitativa que lógicamente afectará sus resultados, pues, teóricamente, el gobierno representa los intereses más generales de la sociedad y la operación del "diálogo" recortaría estos espacios en beneficio de portadores de intereses particulares.

Pese a lo dicho, "el plan" y "el consenso" aparecen en esta coyuntura como formas políticas emergentes, destinadas a sustituir o desplazar la importancia de las estructuras reales de la democracia. Porque una democracia se sustenta en instituciones permanentes, normadas y efectivas que garantizan la participación ciudadana en condiciones de igualdad y no discriminación, y no en una lista de instrucciones al gobierno acordada por sectores interesados.

Las instituciones tienen su marco de referencia en la Constitución y en las leyes, y no en la buena voluntad de las personas que nos gobiernan, o que nos quieren gobernar. Para que la democracia sea operativa debemos fortalecer sus instituciones, no los acuerdos entre grupos particulares. Para que la democracia genere un liderazgo de cambio hacia una cultura y valores democráticos, nunca habrá un mejor momento que los torneos electorales, pues así las democracias seleccionan a las personas que participan en los procesos de toma de decisiones.

El rol de la sociedad civil no puede ser el mismo que el del gobierno, de la misma forma que la autoridad no puede buscar mimetizarse en el bosque de la sociedad civil. Una cosa es (la responsabilidad de) tomar decisiones y otra muy distinta (la libertad de) fiscalizar el cumplimiento de funciones públicas. Una cosa es ejercer el poder público en virtud de mandatos constitucionales y otra participar en la vida pública de la nación.

¿Quién gana con tanta confusión?
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El Panamá América, Martes 11 de julio de 2006

La decisión sobre el futuro

HAY MUCHAS maneras de leer el debate actual sobre la conveniencia o no de la ampliación del Canal. En el grupo de los que están a favor, hay algunos matices que diferenciar: mientras unos afirman o creen que la obra traerá beneficios económicos indiscutibles para el país, pues de ese modo lograríamos insertarnos como nación en el crecimiento del comercio marítimo mundial, otros más cautos, sin proclividad por la propaganda, creen que la obra es necesaria y viable, pero dudan de que ella por sí sola nos conduzca al progreso como nación.

Los adversarios del proyecto, es decir, los que promueven el No en el referéndum, tienen también una variedad de posiciones que los caracterizan. Primero, están los que piensan que como todo es mentira hay que impedir a toda costa que se haga cualquier cosa, y por eso hacen uso de todos los medios a su alcance para desacreditar personalmente a los que apoyan la obra. Para ellos esta es una lucha sin reglas y tratan de emular y superar el estilo propagandístico contratado por la ACP. Como tienen incomparablemente menos recursos que sus rivales, buscan compensar el impacto a través de una mayor agresividad en sus mensajes.

En el grupo adverso a la ampliación también están los que, sin denostar a nadie y sin considerar que la obra en sí es inviable, piensan o han llegado a convencerse de que las cosas se están haciendo mal y de que hay que corregir el rumbo. La objección de este grupo consiste en que la ampliación de la vía canalera traerá beneficios solo para un pequeño grupo de capitalistas y dejará al país gravemente endeudado, lo que imposibilitará hacerle frente a la creciente deuda social.

Este subgrupo del No, en realidad, clama por "más" pariticipación, porque se siente excluido de la toma de decisiones, o bien, de la repartición presente de beneficios. Una fracción de este sector está motivado por razones puramente políticas, pues se sienten que no pueden favorecer con el voto a quienes consideran sus enemigos históricos y que hoy dirigen el país desde los sillones del gobierno.

Tanto en el grupo del Sí como del No hay gente que piensa más en términos publicitarios que argumentales y de tanto pensar en la comunicación (en cómo someterla a sus propósitos), ya no comunican, solo se repiten. Los que son más proclives a la argumentación racional (y los hay en ambos bandos) están tan ocupados en sus propios argumentos que ya no escuchan a los que no comparten sus premisas básicas.

Pero en el debate en torno a la ampliación no hay solo devotos y militantes enfurecidos. Hay un sector que quizás ha ido creciendo debido a las estrategias fallidas que se suscitan en los extremos. Usemos una metáfora simple y hablemos del sector del medio, que no le ha cerrado las puertas a ninguna de las dos opciones y califica por tanto como indeciso.

Su núcleo duro, pero pequeño, está integrado por los escépticos, los que miran con seriedad a la ACP porque no creen que tenga las respuestas a todas las preguntas, se sonríen cada vez que oyen a los políticos pronunciar la palabra autofinanciable, y les hace mucha gracia los argumentos alocados y alucinantes de los militantes del No. Desde su punto de vista, sería tan racional votar que Sí, como votar que No.Ahora bien, el sector del medio es, en realidad, un punto de encuentro de decepcionados, pues algunos vienen de pensar que Sí y podrían votar que No, pero otros vienen de pensar que No y podrían escoger la papeleta del Sí. El tener ambas opciones aún abiertas debiera convertirlos en el principal objetivo de las campañas publicitarias.

Pero se equivocan los que piensan que las cuñas melifluas de la ACP tienen una ventaja asegurada sobre la publicidad de bajo presupuesto y tono agresivo de los detractores del proyecto.Más allá de los conocidos vaticinios que sugieren las encuestas, hay que pensar en algo que todos los grupos y subgrupos tienen en común al momento de formarse una opinión sobre la ampliación del Canal: una muy particular forma de construcción del futuro. Aunque algunos le dan prominencia al planteo sobre el futuro de la patria, en otros es claro, el dominio de la preocupación por el futuro individual, ya sea de la persona, o del grupo específico al que la suerte del individuo decisor está unido.

El referéndum sobre la ampliación del Canal será pues una decisión en el presente para organizar el futuro. ¿Cómo visualizamos ese futuro? Pues bien eso fue lo que hizo, o intentó hacer, la Visión Nacional 2020 en 1998, cuando, entre otras cosas, se trataba de asegurar la transición a una nación administradora de su principal recurso y libre de bases militares extranjeras.

Aquel consenso logró algunos de sus principales objetivos, pero se rompió sin alcanzar metas muy importantes, que siguen en la lista de asignaturas pendientes, tales como la elevación de la calidad de vida de los panameños y panameñas, la estructuración de un sistema de integridad nacional (una lucha institucional contra la corrupción), y el mejoramiento de la administración de justicia.El debate actual sobre la ampliación del Canal ha servido para redescubrir la necesidad de organizar el futuro, lo que es una muestra de que ese siempre será un terreno fértil para la vocación ciudadana y la acción política. El meollo de la disputa no es sobre el proyecto del Canal.

La discusión es acerca de cómo organizaremos nuestro futuro y hoy la apuesta por la democracia nos convoca a trasladar la discusión hacia la sostenibilidad del desarrollo, la reorientación de la cultura y el remozamiento de una institucionalidad cónsona, no solo con los fines, sino también con los medios propios de la democracia.El hecho de que sobre estos temas no haya referéndum no debiera hacernos olvidar su centralidad al momento de decidir el día de los comicios.
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El Panamá América, Martes 18 de julio de 2006

El Canal, la política y el Estado

UNO DE LOS axiomas sobre los que se ha construido la institucionalidad democrática a partir de los noventa consiste en afirmar que el Canal de Panamá se mantendrá como una institución generadora de prosperidad para las panameñas y los panameños de todas las edades en la medida en que su administración se mantenga alejada de la política criolla.

En consecuencia, en el debate actual sobre la conveniencia o no de la construcción de un tercer juego de esclusas que amplíe la capacidad de tránsito de la vía acuática, una de las más repugnantes proposiciones es hacer de esta discusión un tema político. ¿Puede hacerse una discusión pública sobre cuál es la mejor opción para el país, sobre qué es lo que mejor representa el bien común, sobre el activo generador de riquezas más importante de la nación, con exclusión total de la política? ¿Puede siquiera abordarse el debate, partiendo del supuesto de que los intereses en juego de los distintos actores políticos y sociales deben quedar excluidos de toda justificación, denuncia o confrontación?

La respuesta a estas preguntas parece ser que sí, pues eso es lo que exigen las ideas dominantes en el Panamá de inicios del siglo XXI. De nuevo, y como lo he expresado tantas veces, lo que más llama la atención sobre el actual debate no tiene nada que ver con la construcción de tinas gigantescas, sino con la manera como construimos socialmente el concepto de la política. La cuestión llamativa no tiene que ver con el proyecto de escarbar para ensanchar el cauce de la vía acuática, sino con la insinuación de no escarbar más a fondo al momento de tomar una decisión que afectará a todos.

¿Qué le ha pasado al concepto panameño de la política que, como si fuera una sustancia contaminada, y contaminante, la arrojamos fuera de nuestro discurso público al momento de formar opinión sobre los asuntos que atañen al común de la ciudadanía? ¿A qué le tenemos miedo, de qué salimos huyendo, cuando nos apartamos de lo que es el ámbito natural del debate? Si la discusión y la decisión no son políticas, ¿entonces qué son? ¿Con qué nos deja en las manos la pérdida voluntaria del discurso político?

Uno pensaría que esta modalidad de la negación de la política proviene de una perspectiva moralista-religiosa, como la de algunos grupos cívicos, por ejemplo; pero lo cierto es que los dirigentes de organizaciones políticas, en general, lo han abrazado y se han dejado conquistar por él. Hace unos días, uno de ellos, orgulloso, pareció confesar su satisfacción por el hecho de que en su colectivo ya no había políticos. En este contexto se hace siempre la aclaración de que la zona de la que se quiere guardar distancia se refiere a la política partidista.

En concreto, las ideas dominantes dicen que hay que mantener el Canal alejado de los partidos políticos, de lo contrario a la administración de este recurso le ocurriría lo mismo que al sector público, en el que los nombramientos se hacen según las cercanías con el grupo en el poder, lo que pondría en grave riesgo la operación de pasar barcos de un océano a otro. Si esto es así, habría que llegar a la conclusión de que tiene comparativamente menos importancia el funcionamiento del sistema escolar a lo largo y ancho del país, que el de una esclusa.

Vemos ahora por qué ha surgido con tanta fuerza la preocupación por la equitativa distribución de la riqueza adicional que provendría de un Canal ampliado. ¿Puede alguien decir sin sonrojarse que la Constitución panameña está hecha de modo que la corrupción no penetre en la Administración del Canal? ¿Tan poca cosa consideramos nuestro Estado que nos importa menos que la Constitución sea un cuchillo romo al momento de prevenir que la corrupción opere desde las relumbrantes oficinas del Estado y facilitar su castigo? Son estas ideas dominantes las que entran en crisis cuando vemos elevarse los decibeles del discurso contestatario en la vida pública panameña, porque, a decir verdad, no hay respuestas adecuadas a estas interrogantes.

Pienso que ese paradigma auto-des-movilizador (de que como la política es mala, no debemos ensuciar nuestros más preciados bienes con ella, de que el Estado es el juguete de los políticos y debemos impedir que administre cualquier cosa realmente importante) seguirá sufriendo dentelladas en las creencias y en las conciencias de los panameños durante el debate en torno al referéndum y más allá de él. La salida no consiste en promover los intereses particulares de cada grupo político en la discusión, o entregar un cheque en blanco al partido que saque la mayoría de votos en las elecciones, sino en llevar esos intereses al debate para superarlos.

El discurso político de la modernidad no consiste en una palabrería vacía que se repite cada vez que se pueda, sino en la capacidad de transformación de los individuos en ciudadanos. Y la herramienta para efectuar esta transformación es la política, la actividad política y los conceptos políticos. Solo la motivación política puede alertarnos de la situación en que la política ha quedado vaciada de contenidos.

Convencido como estoy de que no hay posibilidades de que el país crezca como democracia, sino es a través de una re-valoración de la política, no quiero terminar de expresar estas preocupaciones sin antes preguntar: ¿Le pediremos a la ACP que establezca un tribunal de justicia para asegurar que no haya corrupción en el manejo de los recursos provenientes de la ampliación? ¿Cuánto de los problemas reales del país podemos resolver diciendo que no queremos que haya más política?

¿Cómo se podría llamar un referéndum acerca de si queremos el Estado como está o queremos que se amplíe para que sea más productivo y beneficioso para todos los panameños? __________________________________
El Panamá América, Martes 25 de julio de 2006

Del debate y los retos del día después

SON VARIADOS los cuestionamientos que se pueden hacer al "debate" nacional sobre el proyecto de ampliación del Canal. Para algunos no ha habido un verdadero debate, porque entienden que un debate es un torneo de ideas, un gran evento -preferiblemente televisivo-, en el que los oradores arremeten contra sus oponentes solo con argumentos, herramientas que están hechas de piezas de información poco conocida y operaciones conceptuales sofisticadas que sirven para influir sobre la percepción de un gran público espectador, que al final del día disfrutará del triunfo del que ha sido, sin ambigüedades, el mejor de los argumentos. Como esto no se ha dado, hay quienes sienten nostalgia del debate.

Lo que hemos tenido durante estos últimos seis meses puede parecerse más a una riña tumultuaria en la que, no solo ha habido intercambio de razonamientos y hechos, sino de diatribas, calumnias, mentiras, engaños, e insultos de todo tipo, impulsados por fuertes emociones que solo nacen de la certeza de que se pertenece a un grupo que está en contra de otro. Pero en medio del desorden y la ambivalencia de las palabras lanzadas o impresas, hay que rescatar algunos pocos hechos que en mi opinión dan motivos para sentir cierta satisfacción por nuestra incipiente cultura democrática.

Ha habido plena libertad para expresarse, nadie ha sido encarcelado o reprimido por emitir una opinión. Los medios de comunicación registran una amplia variedad en el espectro de opiniones, a pesar de que la estructura de un referéndum obliga a polarizar los argumentos en dos grandes grupos.

Hay los que dicen SI, los que dicen SI porque de veras creen que sí, los que sostienen un SI condicional, los que sostienen un SI a pesar de todo y de sus muchas dudas; y los que dicen NO porque no, los que dicen NO porque "ahora" no, los que dicen NO porque sus adversarios dicen SI, los que dicen NO porque, sin ser parte de los anteriores NO, se han quedado sin alternativas políticas.

Ha habido libertad para organizarse, son muchas las organizaciones que se han formado de manera espontánea para hacer campaña a favor del SI y del NO. Distintos estratos de la población en distintos lugares de la geografía nacional tomaron la iniciativa de presentarse como grupo en este debate y cumplir con las exigencias que el Tribunal Electoral sabiamente estableció al respecto.

Ha habido libertad para reunirse, son muchos los debates, los conversatorios, los intercambios que se han producido en un sin fin de eventos, en todas las provincias, con personas que tienes las más variadas ocupaciones y que pertenecen a una amplia gama de grupos etéreos.Nadie que ha querido reunirse, asistir a una reunión a que ha sido invitado, o bien, organizar un evento, ha encontrado obstáculos para hacerlo que provengan de los aparatos del Estado, o de siniestros grupos para-Estado.

Es cierto que todas estas cosas las hemos hechos con los recursos con que contamos dentro de nuestra cultura de aprendices de la democracia, lo que implica cierto margen de torpeza y error. Donde ha faltado un poco de equilibrio y sosiego, tenemos la oportunidad para aprender y mejorar. Donde han surgido actitudes equivocadas, tenemos la obligación de corregirnos y madurar.De las informaciones que publican las encuestas, queda claro que el proyecto de construcción de un tercer juego de esclusas será aprobado por la ciudadanía por un amplio margen este domingo. También queda claro que esta no es una victoria de un grupo sobre otro, pues al final todos serán parte del país que cosechará los frutos de los trabajos de la ampliación.

Quizás lo más importante que nos dejaron estos meses de debatir sin que hubiera "el debate", es la conciencia de que este país necesita hacer un esfuerzo especial para consolidar sus instituciones. De esas instituciones depende la legitimidad de las autoridades, el control sobre las decisiones que toman, los servicios y prestaciones que reciben los panameños y panameñas de todas las edades.Un proyecto con las dimensiones que tendrá la ampliación del Canal, por la incidencia que tendrá sobre las vidas de una buena parte de la población, por los dineros que moverá, por los recursos naturales que impactará, por las consecuencias financieras que implica, por los intereses que están en juego, nos obligará a tomar conciencia de que no se puede aspirar a los réditos del progreso al margen de la construcción de un Estado democrático constitucional de derecho.

"Consolidación institucional" es el gran proyecto de la nación panameña y que servirá de base al buen éxito de la construcción de un tercer juego de esclusas. La institucionalidad que el país necesita no es cualquier institucionalidad, ciertamente no la de tipo autoritario o ambivalente, sino una de carácter democrático y participativo, pues ahora más que nunca necesitamos de una musculatura institucional para enfrentar los enormes retos que vienen.

Si la clase dirigente (no digo ya política, porque los tomadores de decisiones importantes y los que influencian o apoyan las decisiones cruciales que se toman en el Estado no necesariamente son miembros directivos de los partidos) se comporta de una manera ambigua o resistente a la consolidación de la institucionalidad democrática, entonces a la clase pensante no le quedará otra que hacer el papel de Cassandra, o el de Jeremías, pues ya no será cuestión de advertir sobre los posibles males que puedan sobrevenir, sino más bien de augurarles el fracaso final de lo que no han sabido conducir cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo.

El país, la gente de este país, ha apostado por un futuro mejor para todos y no por el beneficio de unos pocos. Un futuro mejor para todos es claramente una visión en la que no hay pobreza ni miseria; no hay excluidos, ni discriminados; no hay niños desnutridos, ni abandonados en instituciones, y las oportunidades de desarrollarse plenamente como seres humanos cuenta con el decidido respaldo del Estado y la sociedad.Cualquier desviación respecto de este guión, cualquier incumplimiento de este contrato, no está demás recordar, será severamente sancionado.
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El Panamá América, Martes 17 de octubre de 2006

Una lectura y algunas lecciones

GRACIAS A LA excelente organización del pasado referéndum, la cual debemos al Tribunal Electoral, a sus magistrados y también a todos sus funcionarios, a los delegados electorales y a la Junta Nacional de Escrutinios, que asumieron y ejecutaron un compromiso sin fisuras por la democracia, contamos con datos confiables de lo que fue la jornada cívica del pasado domingo.
A partir de la información accesible por medios electrónicos a todos los ciudadanos, hago una lectura preliminar de los resultados y extraigo algunas lecciones tentativas. Las cifras no deben ser interpretadas como si se tratase de un juego de baloncesto en el que un equipo aplastó al otro por 78 puntos contra 22, para el júbilo alocado de los fanáticos victoriosos. Semejante frivolidad no es bienvenida aquí, pues nos encontramos en la sala del post-mortem y el uso del bisturí debe ser guiado por la cabeza fría.

1. Tener mucho no siempre basta. El amplísimo respaldo del voto SÍ (78%) queda mediatizado por el muy bajo porcentaje de participación electoral (43.5%). Jurídicamente, el proyecto de ampliación del Canal ha sido aprobado por una abrumadora mayoría ciudadana; políticamente, hay una legitimidad en la decisión que está herida, pero no de muerte. Con atención especializada y cuidado profesional, la herida podría sanar sin dejar cicatrices. Pero si se le abandona o maltrata, se pondrá peor.

2. Tener lo mismo no es tener algo igual. Martín Torrijos fue elegido Presidente de la República por 711 mil votos; dos años y medio después, el SI ha logrado sumar una cantidad igual de papeletas a su favor (unas 715 mil). Como la población electoral es mayor ahora, el mismo número de votos equivale a una (leve) reducción del respaldo originalmente recibido. La mala noticia es, pues, que la campaña no tuvo éxito en sumar caudales sustanciales de votos que no estuvieran conectados a través de la alianza de partidos en el gobierno. La buena noticia es que el Gobierno ha logrado mantener disciplina en sus filas.

3. A veces lo que se suma, resta. Quizás el NO sea más un heredero empobrecido de la vieja apuesta por una constituyente que el recién nacido parido por un nuevo movimiento social. Guillermo Endara fue el único líder de un partido político que de una manera constante, creíble y consistente, impulsó el voto negativo, de una manera muy similar a como, en la campaña electoral del 2004, había agitado su propuesta de convocar a una constituyente. Aquella vez, Endara logró amasar 230 mil votos sin tener partido propio, estrategias claras o base programática firme. El NO, pese a la suma de un sector sindical que le ha dado cuerpo y rostro, alcanzó apenas unas 200 mil papeletas el domingo pasado. Quizás el voto NO habría sido más numeroso y la participación del electorado mayor, si FRENADESO hubiese sido más carismático, o, al menos, más simpático que el Endara de hace dos años.

4. El que menos tiene, puede dar igual o más. Hubo áreas indígenas, generalmente caracterizadas por una gran pobreza y privación social, que alcanzaron porcentajes de participación electoral igual o mejores que los de los barrios de la capital. En Kuna Yala votó el 48.63% de los hombres y las mujeres indígenas inscritos en el padrón electoral, siendo la tercera provincia o comarca de más alta votación y muy cerca de las dos primeras que fueron Los Santos y Herrera (50.43% y 49.45%, respectivamente). Si miramos el ámbito del corregimiento, llama la atención que Narganá y Tubualá tuvieron un promedio de asistencia a las urnas ligeramente superior al 51%, lo que los coloca por encima de Bella Vista y Pueblo Nuevo, que no llegaron al 50% y están en medio del distrito capital, y a la par de San Francisco, área distinguida de la clase media urbana.

5. Estar cerca puede ser igual, o peor, que estar lejos. Es aún más llamativo que en el distrito capital encontramos 9 de 21 corregimientos con una participación de 40% o menos: Pedregal 40, Río Abajo 39, Las Mañanitas 39, Las Cumbres 39, Curundu 38, Tocumen 36, Chilibre 35, Pacora 34 y la 24 de Diciembre 32. Si la publicidad fue dirigida para los habitantes de estas áreas, los datos indican que la persuasión se compró al precio de la desmotivación, o la irrelevancia del voto.

6. Votaciones sin candidatos, negocios sin clientela. El referéndum de 1992 tuvo una participación del 40% del electorado y el de 1998, de un 65%. Por tanto, el del domingo pasado (43%) se parece más al del ´92. Quizás las razones para que las cifras se parezcan tanto y que sean muy inusuales en materia de comicios panameños (pues para las elecciones vota el 75%, más o menos), tienen que ver con la ausencia de candidatos. Suena lógico: si no hay mucha gente pidiendo el voto, acudirá a votar menos gente. Cabe la pregunta, sin embargo, cómo se explica un comparativamente alto porcentaje en 1998. La respuesta es que en aquellos comicios había un candidato (o, más bien, anticandidato) muy visible y que había logrado sensibilizar a la población votante que debía ir a la urna a expresarse.

7. No es lo mismo callar que negar. Una gran diferencia entre los resultados del 92 y los del 2006 consiste en que aquella vez la participación abúlica del electorado tuvo como resultado un mayoritario voto NO del 61%, por lo que cabe decir que aquella propuesta (de reforma constitucional) fue doblemente rechazada. En cambio, ahora se combinan por primera vez en la historia política panameña una indiferencia, a un tiempo inquietante y polisémica, con un respaldo masivo, tan querido como necesitado, pero al final perturbadoramente elusivo.
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El Panamá América, Martes 24 de octubre de 2006