RICARDO Arias Calderón (Panamá America, 9 de abril) nos ha entregado una reflexión profunda sobre el valor que tiene para la democracia el próximo referéndum sobre la ampliación del canal. En síntesis, la propuesta del líder histórico de la democracia cristiana en Panamá consiste en mirar el canal panameño y la democracia panameña como dos proyectos cuya historia está entretejida y cuyo futuro necesita el uno del otro.El proyecto norteamericano de construir un canal por el istmo centroamericano fue el gatillo que disparó el apoyo de Estados Unidos al movimiento independentista de los istmeños. Hasta ese momento, Estados Unidos, cuya presencia en territorio panameño data desde mediados del siglo XIX, cuando se construyó el ferrocarril transístmico, solo habia intervenido para reprimir los levantamientos panameños en beneficio del gobierno de Bogotá. El proyecto de construir una vía acuática le dio un giro a las relaciones entre los dos países y fue beneficioso para dar inicio a ese gran proyecto postergado del siglo XIX que consistía en una nación panameña libre e independiente.
Menos fácil de ver, y me interesa por tanto resaltar, es cómo la democracia en Panamá ha contribuido a hacer del Canal una historia de éxito. Para eso tendríamos que reconstruir la historia de la lucha por la integridad territorial (o lucha por la soberanía) y la lucha por un Estado de derecho (o lucha contra la dictadura) como elementos indispensables del proyecto democrático que impulsa la sociedad panameña hoy.
En ausencia de la soberanía y el Estado de derecho, el canal fue el núcleo trágico de una terrible espiral de violencia, cuyo primer detonante fue 1964 y cuya onda más destructiva tuvo lugar en 1989. Los sucesos de 1964 fueron a su vez el resultado de una acumulación tras varias décadas de luchas y reivindicaciones parciales de nuestra soberanía, en la que los sectores populares fueron jugando un papel cada vez más protagónico.
El cuarto de siglo que transcurre entre estas dos fechas es una evidencia de que los conflictos sociales nunca se liquidan del todo, sino que se transforman en nuevos y más complejos problemas, pues la firma de los nuevos tratados del Canal, con una fecha cierta de devolución de la obra a manos panameñas no fue suficiente para sellar una paz social duradera, sino que solo puso de relieve la urgencia de avanzar en la construcción de un régimen democrático, en donde las consignas gubernamentales de defensa del poder popular y las denuncias de sus adversarios sobre graves hechos de corrupción y crímenes, pasarán por el tamiz de la libertad de expresión, el pluralismo ideológico, y la pureza electoral.
Hoy debemos ver el proyecto de ampliación del canal no como una obra de gobierno, sometido a los vaivenes y disputas de lo que cambia cada cinco años. La ampliación del canal es una decisión de la ciudadanía panameña, no porque existan hombres de buena voluntad, sino porque la Constitución asi lo exige. No se trata de una ley que una súbita mayoría legislativa ha aprobado. Es una institución permanente en esta República el que las grandes decisiones del canal rebasen la competencia del gobierno y se le entregue a la opinión ciudadana. Es el ejercicio democrático lo que asegurará la viabilidad de la obra y no la fuerza del aparato de gobierno.
El referéndum sobre la ampliación del canal es, pues, un producto de la democracia constitucional panameña, que pese a sus imperfecciones, es mejor tenerla que no tenerla. La Constitución requiere de una sucesión de aprobaciones: primero, la junta directiva de la Autoridad del Canal, luego el Consejo de Gabinete, de allí pasa a la Asamblea Nacional, y, por último, a la ciudadanía. En este proceso, todas las autoridades deberán comportarse en forma transparente y sin mala mañas, porque de lo contrario se pondría en peligro la credibilidad del proyecto ante los ojos del decisor último.
Más allá de la cuestión canalera y todas las preguntas e incertidumbres que sanamente cabe hacer y formular en materia de ingeniería, comercio mundial y finanzas, el referéndum canalero genera una expectativa mayor. Es la esperanza de hacer un debate franco con reglas limpias y en el que debe prevalecer la fuerza del mejor argumento. Es una apuesta por la razón, y por la razonabilidad de una propuesta que sabe que tiene que convencer para salir airosa.
Es la inauguración de la democracia deliberativa panameña y la evidencia perfecta de que las más importantes decisiones políticas de una nación deben estar en manos de la gente, organizada en partidos o no, integrantes de la sociedad civil o no, con dinero o sin dinero, e independientemente de su grado de educación.
Quizás sea legítimo ambicionar que este proceso de discusión que no ha sido iniciado formalmente, pero que ya arrancó en la práctica, se convierta en un modelo de discusión que podamos volver a activar con la frecuencia necesaria que plantean las grandes decisiones.
El compromiso de todo ciudadano en general, y de los medios de comunicación, en particular, debe estar muy claro: nadie tiene la verdad y hay que respetar todas las opiniones. Los razonamientos falaces terminan por desacreditarse a si mismos, solo basta con exponerlos. Es imprescindible el acceso público a la información oficial y todas las posiciones en el debate deben recibir una cobertura ponderada.
Solo así el referéndum canalero se convertirá en el ejercicio democrático que une ambos destinos como lo señaló Arias Calderón.
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El Panamá América, Martes 11 de abril de 2006
